Madrid.- El nuevo pacto migratorio avalado por el Parlamento Europeo supone un refuerzo de las fronteras frente a las llegadas irregulares, un mecanismo de solidaridad obligatoria, aunque flexible, para acoger refugiados y procesos más rápidos para conceder o no el asilo, y todo ello despierta críticas en España de algunos juristas, además de ONG.
En un análisis sobre el impacto en España, varios expertos en Derecho internacional y flujos migratorios consultados por EFE cuestionan que vaya a aliviar la presión migratoria que sufre el país, con llegadas masivas por mar desde el continente africano.
En 2023, llegaron de manera irregular 56.852 personas, un 82,1 % más que un año antes, según datos oficiales.
Destacan los expertos el riesgo de que no se respeten correctamente las garantías de los migrantes en los procedimientos de asilo y la gran ausencia de mecanismos de migración legal para afrontar la necesidad de España de más trabajadores.
Mayor sufrimiento
Uno de los pilares del pacto es un mayor control de las fronteras: «Anticipo que este endurecimiento no va a acabar con las llegadas irregulares, lo que va a provocar es mayor sufrimiento en las personas que traten de entrar», según Diego Boza, doctor en Derecho e investigador sobre inmigración y derechos humanos.
David Moya, coordinador del Máster en Migraciones Contemporáneas en la Universidad Autónoma de Barcelona, opina que este refuerzo en las fronteras no va a «sorprender» ni disuadir a nadie en África: «Solo están subiendo un metro más la valla» (fronteriza), resume el jurista.
Según la profesora del Máster en Movimientos Migratorios de la Universidad de Girona Mariona Illamola Dausà, si este pacto consigue contener realmente los flujos migratorios hacia España, lo hará a través de la externalización de fronteras: «No llegarán a salir, pero, ¿en qué condiciones?», se pregunta.
Solidaridad «mal entendida»
Otro eje de la nueva legislación europea es un mecanismo de solidaridad obligatoria flexible para el reparto de refugiados: los que no acepten los traslados a su territorio deberán pagar 20.000 euros de contribución por cada migrante rechazado o prestar apoyo operativo y técnico.
Se trata de aliviar a los países de entrada. Pero, según Moya, «España, hasta ahora, no sería una beneficiaria», ya que «la presión migratoria en nuestra fronteras no es del calibre que permite activar este procedimiento».
Matiza que se trata de «un mecanismo de aplicación excepcional», para emergencias como la crisis del Mediterráneo de 2015, cuando llegaron a Grecia 124.000 personas en siete meses.
Mariona Illamola dice ser «un poco escéptica» sobre este mecanismo, basado en «una solidaridad quizás un poco mal entendida», debido a los precedentes de incumplimiento de las cuotas de refugiados del anterior sistema.
A pesar de todo y como punto positivo, David Moya recuerda que la alternativa era «el no pacto» y mantener el «el ‘statu quo’ de que hay siete u ocho países que no colaboran» y, a partir de ahora, la Comisión Europea, al menos, podrá exigir responsabilidades.
Devoluciones ‘en caliente’
El único «punto positivo» del pacto que resalta, por su parte, Mariona Illamola es que este pacto, que deberá ser traspuesto en España en los próximos dos años, supondrá al fin el desarrollo de la ley de asilo de 2009, pues el reglamento debería haberse aprobado a los seis meses.
Pero no es muy optimista sobre el nuevo procedimiento común que se trata de establecer en toda la UE para conceder y retirar la protección internacional y que promete procedimientos de asilo y retorno más rápidos.
Un acortamiento de plazos será «muy difícil de ejecutar» en países como España, según Diego Boza, ya que cuestiones como los retornos dependen de la colaboración de países emisores, como Marruecos.
Según analiza, se trata de dar una «pátina de legalidad» a una práctica como las devoluciones ‘en caliente’ (inmediatas) de migrantes irregulares, aunque la legislación española ya lo introdujo en los casos de Ceuta y Melilla, ciudades fronterizas con Marruecos.
Según Moya, acelerar los procedimientos de asilo puede llevar a decisiones que pueden ser «muy discutibles», como rechazar o admitir una solicitud de protección internacional solo en función del país de origen.
Otro aspecto criticable, incide Boza, es el reglamento relativo a las situaciones de crisis y de fuerza mayor, que «permite a los Estados descolgarse de los mínimos establecidos» y «reducir el estándar de garantía».
Para los expertos, uno de los puntos más débiles del pacto europeo es «lo que no dice», como apunta Boza: propuestas sobre las «vías legales y seguras» de migración. EFE/ir