Tegucigalpa – El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios dijo que los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional depuestos en diciembre de 2012 recibirán unos 200 millones de lempiras, al tiempo que exigió el dinero sea pagado por los 97 diputados que aprobaron su destitución desde la Cámara Legislativa.
– Estos fondos permitirían que se construyan dos hospitales, estimó Barrios.
Lamentó que sea Honduras el país con más sentencias condenatorias en América Latina, “más allá de eso el condenado es el Estado de Honduras, y número dos, la cantidad de millones que tenemos que pagarle a cada uno de estos magistrados, dinero que saldrá del pago de impuestos de todos nosotros”.
El 12 de diciembre de 2012, el Congreso hondureño dio un golpe institucional a la Corte Suprema de Justicia al destituir a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional. Los destituidos fueron José Antonio Gutiérrez Navas (Presidente), Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruiz Gaekel.
Este lunes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), determinó que el Estado es responsable internacionalmente por la destitución arbitraria de tres magistrados y una magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El diputado Barrios, mencionó que de los cuatro magistrados, tres de ellos -a excepción de Gustavo Enrique Bustillo- votaron a favor de la destitución de varios jueces en 2009, hecho por el cual también fue condenado el Estado de Honduras.
“Ellos fueron a buscar lo que hicieron primero, es decir, por ahí puede haber una compensación por parte de la Procuraduría General de la República, de poner la acción de repetición porque me parece injusto que el pueblo hondureño tenga que pagar de los impuestos esta indemnización millonaria. Que se lo cobren a los funcionarios responsables de la destitución ilegal”, externó el diputado de Cortés.
Explicó que la PGR, vía recurso de repetición, puede lograr que los funcionarios que aprobaron la destitución de los cuatro magistrados se hagan cargo del pago de lo que ordena la Corte IDH.
Mencionó que de los bienes que le aseguraron al expresidente Juan Orlando Hernández, que en ese momento era el titular del Congreso Nacional, se pague la demanda a los cuatro exaltos jueces de la República.
“Yo sugiero al Procurador General de la República que por primera vez ejerza la acción de repetición sobre los funcionarios que ilegalmente e inconstitucionalmente tomaron la decisión de defenestrar la Sala de lo Constitucional el 12 de diciembre de 2012”, puntualizó.