Otros ocho policías en la cárcel y se ensanchan operadores de justicia que cruzan línea del crimen

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – En lo que va del año, diferentes funcionarios operadores de justicia, entre ellos: policías, militares, jueces, fiscales, detectives, entre otros, han cruzado constantemente los códigos del estamento jurídico, una situación que retrata el estado actual de las organizaciones encargadas por velar para que la ley se aplique correctamente en un país ávido de justicia.

– A finales del año pasado, la fiscal Francia Sofía Medina fue acusada por sustraer 88 millones de lempiras que eran parte de una cadena de custodia y que estaban en las bóvedas del Banco Central.

La situación es grave. Los responsables de garantizar que el eslabón de justicia funcione a la perfección parece que se decantan con mantener un romance con el delito y en muchos de los casos vulneran el estado de inocencia de las personas a través de componendas, implantación de pruebas y otras situaciones al margen de la ley.

Desde un fiscal que presuntamente abusó sexualmente de una joven detenida en los propios separos de la Policía, peritos que implantaron pruebas falsas en sonados casos penales, policías que robaron y sustrajeron evidencias, jueces que aplicaron incorrectamente la ley para favorecer a imputados, hasta abusos de agentes de seguridad contra imputados, son apenas parte del rosario de casos ocurridos en el primer cuatrimestre del 2024.

El exdirector de Medicina Forense, Denis Castro Bobadilla, criticó que el Ministerio Público ha convertido la investigación criminal en impura, lo que se traduce en una credibilidad disminuida en el sistema de justicia nacional.

Consultado sobre la actualidad del Ministerio Público, respondió que “empezó bien, pero en el tiempo se perdió, entró la parte política, entraron abogados de una persona acusada a ser Fiscal General y así sucesivamente lo que se ha venido diciendo”.

El galeno citó que los centros de peritaje, como ocurre con otros servicios del MP, se convirtieron en nepotismo, “ahí hay parentelas increíbles, hijos e hijas de fiscales, esposos y esposas de fiscales, metidos en el área pericial y en la misma jurisdicción”.

Acentuó que “se convirtió en algo de compadrazgo, se convirtió también en falencias, que ya llegaron a las acusaciones criminales por lo que se está viendo. Se ha convertido en una impureza de la investigación criminal y una credibilidad disminuida en el sistema judicial nacional, ¿por qué razón? Porque el que presenta la prueba va a una prueba impura, editada, formada, creada y obviamente se pone en precario el sistema judicial”.

Este año varios agentes policiales han sido llevados a los tribunales de justicia.

Policías implantan pruebas

Sólo este año varios casos de policías implantando pruebas han sido recurrente. En las últimas horas la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial, interpuso un requerimiento fiscal en contra de ocho oficiales activos de la Policía Nacional asignados a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), acusados de varios delitos.

@MP_Honduras y @PoliciaHonduras en el marco de Operación Themis detienen a 7 policías activos por orden de captura de juzgado de competencia nacional por delitos de asociación para delinquir, abuso de autoridad, robo, y otros. No toleraremos acciones ilícitas en la institución!! pic.twitter.com/d7Pn4zUugF
— Gustavo Sanchez Velasquez (@hegusave) April 11, 2024

El Ministerio Público acusa a los agentes por los delitos de asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación, abuso de autoridad, allanamiento de morada por funcionarios públicos, falsificación de documentos públicos y tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionario público.

De acuerdo a la investigación, el hecho ocurrió el 12 de enero de 2024, a las 4:40 de la madrugada cuando los acusados llegaron a bordo de dos vehículos tipo pick up sin placas, hasta una vivienda en la colonia Monte Fresco de San Pedro Sula, Cortés, y de forma violenta rompieron el portón e ingresaron, dirigiéndose a la habitación del ofendido para luego llevarlo hasta la sala donde fue víctima de golpes en todo su cuerpo, mientras otros efectivos registraban la casa.

Posteriormente de haberlo golpeado comienzan a interrogarlo, preguntándole dónde guardaba el dinero, las drogas, las armas de fuego y bienes de valor, el ofendido les expresó que no tiene nada de eso, porque no se dedica a delinquir, todo ello mientras lo despojaban de dos Iphone, su cartera con documentos personales y dinero, un Apple Watch, un arma de fuego, además de tratar de boicotear el sistema de cámaras de la vivienda.

El fiscal Luis Fernando Triminio, actualmente prófugo de la justicia.

Fiscal viola a detenida

A finales de marzo se conoció el caso del fiscal activo Luis Fernando Triminio, acusado por violar presuntamente a una detenida en las instalaciones CEIN de La Ceiba, específicamente en las oficinas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

De acuerdo a lo informado por la propia fiscalía, la muchacha había sido detenida el 18 de marzo de 2024, a eso de las 10:30 de la noche. Ahí se encontraba el fiscal de turno, Luis Fernando Triminio, (ahora encausado), junto con los agentes de investigación ya que cumplía con su asignación de turno.

El Fiscal dijo a los policías encargados de la detención, que se retiraran porque le tomaría una declaración a la joven detenida. Seguidamente, la trasladó hacia la oficina asignada al fiscal de turno, cerró la puerta y le dijo que se sentara.

Después le pidió el número de teléfono y comenzó a revisarle su galería de fotografías, mientras le decía que ella era muy bonita. El funcionario agregó su contacto telefónico en el celular de la víctima como “abogado Triminio” y le dijo que confiara en él, que se quedaría con su (número de) teléfono para que tuvieran comunicación.

Según el testimonio brindado por la joven, el fiscal se dirigió hacia ella, le quitó la ropa y abusó de ella, mientras le decía que todo iba a estar bien.

Ella le expresaba que la soltara que le dolía y que no quería estar con él, pero él continuó con el abuso, según lo relatado; luego le manifestó que no hiciera ruido, salió de la oficina rumbo al baño y regresó con papel higiénico para limpiar el piso.

Abogado denunciaron a una perito por falsificar documentos en el caso de Berta Cáceres.

Peritos falsificaron prueba en sonado caso

Los abogados Juan Carlos Sánchez Cantillano y Ritza Antúnez presentaron una denuncia en el Ministerio Público en contra de la perito Brenda Barahona por falsificar documentos en el caso de Berta Cáceres.

Ambos profesionales del derecho forman parte del equipo de defensa de David Castillo, persona que fue condenada por el caso de la ambientalista Cáceres.

Sánchez Cantillano declaró que el juicio debería declararse nulo porque la perito falsificó, editó y borró documentos. “El juicio es nulo desde que se presentan pruebas que están siendo falsificadas, editadas y están siendo borradas y no se hizo nada desde el sector justicia”, señaló.

Indicó que el Ministerio Público debe culminar las investigaciones y prestarle atención cuando se presenten irregularidades en las investigaciones que realiza.

Los profesionales del derecho recordaron que ya habían interpuesto una denuncia en contra de la perito en 2019, pero que no tuvo eco en el MP.

Brenda Barahona pertenecía a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), que estaba adscrita al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

“No podemos desconocer que se cometieron una serie de arbitrariedades por parte de la perito, falsificó información, editó, borró y pasó información a correos personales”, aseveró.

(LEER) Por compadrazgos el MP ha convertido la investigación criminal en impura

Agentes utilizan madrugada para violentar DDHH

Decenas de mujeres denunciaron recién ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), que agentes encargados de la seguridad en el país realizan allanamientos, entre “cantos de gallo y media noche”, para hacer un uso desproporcionado de la fuerza y violentar sus derechos, acciones que las pone en mayores situaciones de riesgo y vulnerabilidad.

El Conadeh realizó un informe denominado “desafíos invisibilizados: violencia de género durante el estado de excepción” con el objetivo de analizar y visibilizar la situación de las niñas, adolescentes y mujeres en el contexto del estado de excepción a la luz de las quejas atendidas por este ente estatal y las formas de violencia que son ejercidas en contra de ellas de conformidad a los hechos relatados por las víctimas en las quejas presentadas.

Sectores piden que la depuración alcance a otros operadores de justicia.

Al cumplirse un año del estado de excepción, esta institución nacional de derechos humanos atendió más de un centenar de quejas contra agentes del orden como responsables de violentar los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres.

Al menos 41 quejas fueron presentadas contra la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), 30 contra la Policía Nacional, 23 contra la Dirección Policial de Investigación (D.P.I), 9 contra la Policía Nacional Preventiva, 6 contra la Policía Militar del Orden Público y 1 contra la Policía Municipal.

El Conadeh calificó de “alarmantes” los niveles de violencia y arbitrariedad perpetrados por agentes de seguridad pública en el marco de la suspensión de garantías.

Más de un centenar de quejas en un año

Entre el 6 de diciembre del 2022 y el 06 de diciembre del 2023, el Conadeh atendió 110 quejas de violaciones a los derechos humanos contra las mujeres, de las cuales 27 tuvieron como escenario Francisco Morazán, 12 Choluteca, 12 Atlántida, 12 Cortés, 11 Valle, 7 El paraíso y Comayagua con 5.

Es de señalar que, Francisco Morazán y Cortés se han caracterizado por ser los departamentos más inseguros, asimismo, son los que se han encontrado bajo estado de excepción desde que esta medida se puso en práctica, en diciembre del 2022.

Uno de los derechos suspendidos, en el marco del estado de excepción, es la inviolabilidad del domicilio contenida en el artículo 99 de la Constitución de la República. Los allanamientos son de los principales actos denunciados donde se estarían cometiendo las peores violaciones a los derechos humanos contra niñas, adolescentes y mujeres.

De las 110 quejas atendidas, el Conadeh identificó que, al menos, en 38 de ellas, los allanamientos se realizaron sin ninguna orden judicial.