Tegucigalpa – Desde julio de 1988 a la fecha, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha fallado 19 sentencias en contra del Estado de Honduras, la última por la destitución “ilegal y arbitraria” de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 12 de diciembre de 2012.
– Cada 23 meses Honduras es condenada por violación de derechos en la Corte IDH en los últimos 36 años.
– De las 19 sentencias, la mayoría no se han cumplido y algunas apenas se ha logrado resarcirlas parcialmente.
Los destituidos fueron José Antonio Gutiérrez Navas (Presidente), Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruiz Gaekel.
Las víctimas fueron designadas como magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras para el periodo comprendido entre el 26 de enero de 2009 y el 25 de enero de 2016, pero el 12 de diciembre de 2012 se interrumpió al ser cesados por una decisión de 97 diputados del Congreso Nacional.
En ese sentido, la Corte IDH sentenció a Honduras a resarcir el daño hecho a los cuatro magistrados: José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira.
La sentencia arguyó que Honduras violó las garantías judiciales y el principio de legalidad. De igual modo, la Corte afirmó que el Estado vulneró la garantía de estabilidad o inamovilidad en el cargo, y con ella, el derecho a acceder a un cargo público en condiciones generales de igualdad y el derecho a la estabilidad laboral. De otro lado, la Corte concluyó que el Estado es responsable por la violación del derecho a la protección judicial de las víctimas puesto que el recurso de amparo interpuesto por ellas no constituyó un recurso efectivo.
19 sentencias desde 1988
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) tomó nota de la nueva sentencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado de Honduras por la destitución arbitraria e ilegal de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ocurrida el 12 de diciembre del 2012.
Con la nueva sentencia, emitida el lunes de esta semana, por la Corte IDH suman, al menos, 19 contra el Estado de Honduras desde que se emitiera la primera en julio de 1988.
Ricardo López, Delegado Adjunto II del Conadeh, declaró que la sentencia de la Corte IDH ratifica las violaciones a los derechos humanos que se cometieron contra los magistrados y que fueran denunciadas oportunamente por este ente estatal.
Desde el momento que se suscitó el hecho, el Conadeh atendió, orientó y brindó un espacio para que los magistrados destituidos se reunieran para presentar la denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
El 12 de diciembre del 2012, el Congreso Nacional decidió, por mayoría de 97 votos de los 128 diputados, la remoción de cuatro de los cinco magistrados integrantes de la Sala de lo Constitucional, los abogados Rosa Linda Cruz Sequeira, José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma y José Francisco Ruiz Gaekel.
El 13 de diciembre del 2012, el Conadeh solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el otorgamiento y aplicación de medidas cautelares para los cuatro abogados y sus familias.
De acuerdo al fallo emitido por la Corte IDH, el Estado hondureño no garantizó el acceso a un recurso efectivo de defensa e incumplió el deber de investigar las amenazas y hostigamiento que recibieron las víctimas de este caso, así como el deber de establecer medidas de protección.
Además, que el Estado es responsable por la violación al derecho a las garantías judiciales, al principio de legalidad, a los derechos políticos, a la protección judicial, al derecho al trabajo y a la integridad personal.
López explicó que el Estado es el garante de los derechos humanos y tiene el deber de respetarlos.
Agregó que la Corte IDH da nuevamente la razón a las personas que les han sido vulnerados sus derechos, demandando al Estado de Honduras el cumplimiento de lo que establece la sentencia en cuanto a las violaciones a los derechos humanos que fueron objeto los magistrados sustituidos.
López declaró que algunas de las alegaciones fueron votadas por unanimidad por la Corte IDH y otra fue de cinco votos a favor y dos en contra en lo que respecta el derecho al trabajo, porque cada integrante de este tribunal internacional tomó sus valoraciones al respecto
En 1981, Honduras aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH. La primera sentencia contra el Estado de Honduras se emitió el 9 de julio de 1988 en el caso Velásquez Rodríguez, posteriormente se emitieron otras 18 sentencias.
El Conadeh ha exhortado al Estado hondureño a cumplir sin dilaciones las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH), muchas de ellas pendientes de cumplimiento en lo que respecta a la obligación de investigar los hechos.
Según el ente estatal cuando se incumplen las sentencias de la Corte IDH se evaden las expectativas de justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Demandas a la vista
(Matanza de Támara)
Varios hechos acontecidos en los últimos años se vislumbran como potenciales demandas en contra del Estado de Honduras. Entre esta se enlistan: la masacre de 46 reclusas en la cárcel de Támara, la muerte en una celda policial de la joven estudiante de enfermería Keyla Martínez, el desaparecimiento de cinco garífunas en El Triunfo de la Cruz y el despido de la jueza Karla Romero.
El 20 de junio de 2023 ocurrió la peor matanza de mujeres en Honduras en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), dónde 46 reclusas fueron ejecutadas con armas de fuego y otras calcinadas.
El dantesco suceso fue perpetrado por integrantes de pandillas, pero de acuerdo a la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, hubo colusión de agentes de la Policía que facilitaron armas de reglamento y se coludieron para que se perpetrara la matanza al interior del recinto.
La funcionaria reveló que gran parte de las armas y municiones que se usaron en el contexto de la matanza de mujeres en Támara pertenecían a la Policía Nacional, aunque también dijo que había armas “gringas, rusas, brasileñas, argentinas entre otras”.
Como resultado de la matanza, Castro destituyó de su cargo al entonces ministro Ramón Sabillón y Villanueva fue separada de la coordinación al frente de las cárceles, pero continúa como segunda a bordo en la Secretaría de Seguridad.
El drama de las 46 familias ha sido prolongado debido al tortuoso proceso de los cuerpos acusadores del Estado. Siete meses después del suceso el MP acusó por el crimen a nueve pandilleras.
Los parientes de los allegados han anunciado una demanda internacional porque sus deudos murieron bajo la tutela del Estado y con la flagrante participación de la institución policial.
(Asesinato de Keyla Martínez)
Otro de los acontecimientos que conmovió a la sociedad fue el asesinato de la joven estudiante de enfermería Keyla Martínez en una celda policial en La Esperanza, Intibucá.
La malograda joven fue detenida a raíz de un toque de queda en plena pandemia el 7 de febrero de 2021 y fue ejecutada por agentes asignados a la unidad policial, aunque sólo uno de ellos fue llevado a juicio luego de una enorme presión social conmovida por el crimen.
En todo momento el dictamen forense confirmó que Keyla fue asesinada por una asfixia mecánica, una versión que las máximas autoridades policiales rechazaron e incluso se atrevieron a difundir un comunicado el día del crimen para asegurar que se había tratado de un suicidio.
Recién -en febrero de 2024- la justicia hondureña condenó a cinco años de prisión al policía Jarol Perdomo. El fallo judicial fue rechazado por organizaciones defensoras de derechos humanos y especialmente por feministas, quienes consideraron que el mensaje de la justicia es que en Honduras “matan a las mujeres por accidente”.
Entre la prueba aportada en el debate judicial se evacuó la inspección judicial de reconocimiento a la celda y los dictámenes de vídeo forense que muestran el tiempo de cinco minutos aproximados que el imputado permaneció en el recinto donde se encontraba recluida la joven y que luego se mantuvo afuera de forma sospechosa y sin retornar a su posición de asistente del comandante de la estación policial y encargado de las llaves de las bartolinas y custodia de los detenidos.
Además, se logró acreditar, mediante la autopsia sicológica con expertos, que Keyla Patricia no sufría ningún tipo de trastorno mental que la llevara a un suicidio; aunado a ello, el dictamen de patología forense reveló que la manera de muerte es homicida y la causa de muerte fue por asfixia por obturación de orificios respiratorios.
El caso fue presentado por el delito de femicidio agravado, no obstante, un juzgado de La Esperanza, Intibucá, tipificó el ilícito como homicidio simple, por lo que el Ministerio Público presentó una acción constitucional de amparo que recientemente fue declarada “Sin Lugar” y en los mismos términos fue planteado el recurso de los acusadores privados, ratificando la primera decisión.
(Secuestro de cinco garífunas)
Era la madrugada del sábado 18 de julio de 2020 -en plena pandemia de COVID19- cuando sujetos vestidos con indumentaria de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), irrumpieron en la comunidad garífuna El Triunfo de la Cruz, en Tela, Atlántida, para llevarse por la fuerza a cinco líderes de esa etnia y hasta el día de hoy no hay respuesta de los entes de seguridad del Estado.
De forma inmediata se dispararon las alarmas para visibilizar el suceso. Organismos defensores de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, se hicieron eco de la noticia, pero cuatro años después no hay una versión que apunte las causas y el paradero de las víctimas.
Los líderes garífunas desaparecidos fueron identificados con los nombres de: Alberth Sneider Centeno Thomas, Milton Joel Martínez, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Róchez Cálix y Junior Rafael Juárez.
Desde ese acontecimiento en 2020, decenas de líderes de la etnia garífuna han perdido la vida bajo circunstancias violentas, bajo el denominador común de la nula investigación, y por ende, judicialización de los casos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ordenó al gobierno de Honduras que determinara el paradero de los desaparecidos y estableció -incluso- plazos para que brindara un informe a ese organismo sobre la recuperación de los garífunas.
(Despido de la jueza Karla Romero)
El 22 de agosto de 2023, tan solo 572 días de haber juramentado a Xiomara Castro como presidenta de Honduras, fue destituida del cargo de jueza de los tribunales de sentencia, la abogada Karla Romero.
Según la determinación de la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, Romero incurrió en faltas en el ejercicio de sus funciones.
Así lo explicó en su momento el oficial de comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, quien explicó que la jueza incurrió en la causal del despido establecido en el artículo 187 de la Ley de Carrera Judicial.
“Se procede a cancelar el acuerdo de nombramiento de la jueza Karla Romero como jueza del Tribunal de Sentencia de la sección judicial de Tegucigalpa”, relató Duarte a periodistas.
La orden de despido fue de ejecución inmediata al momento que la jueza fuera notificada de la determinación.
El vocero del Poder Judicial reveló que una de las investigaciones realizadas a la jueza es por un hecho de un accidente de tránsito ocurrido el 31 de marzo de 2023 donde hay un reporte que ella estuvo involucrada sin ampliar más detalles.
Asimismo, se informó que la unidad de supervisión nacional detectó un retardo en la emisión de sentencias en varios casos asignados.
También reveló que había una orden de auto despido en la pasada administración del Poder Judicial, pero que sin razones conocidas no fue ejecutado dejándose prescribir esta determinación.
Cabe recordar que la jueza Karla Romero se dio a conocer por haber juramentado a la presidenta Xiomara Castro el día de la toma de posesión en lugar del titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, pese a que éste estuvo presente en el acto.
Además, ella ha interpuesto recursos de apelación en contra del decreto legislativo 04-2022 de amnistía política, conocido popularmente como Pacto de Impunidad 2.0, en la que varios exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-junio de 2009) fueron sobreseídos de manera definitiva en casos de corrupción. PD