En 1999, las discrepancias entorno a la frontera marítima entre Nicaragua y Honduras se agudizaron, luego que el Congreso Nacional ratificó el tratado de delimitación marítima López-Ramírez con Colombia.

A raíz de ese acuerdo, las autoridades nicaragüenses entablaron el 8 de diciembre de 1999 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia alegando que Honduras y Colombia le cercenaban unos 130,000 kilómetros cuadrados de su plataforma marítima.

Antes de esas discrepancias, la frontera tradicional entre ambos países centroamericanos ha sido el paralelo 15, que parte del Cabo de Gracias a Dios, el mismo que históricamente ha servido de línea divisoria y que la misma Nicaragua reconoció desde 1906 hasta 1980.

Sin embargo, en su demanda Nicaragua argumenta que la línea divisoria es el paralelo 17, lo que le cercenaría a Honduras unos 60,000 kilómetros cuadrados de espacios marítimos, incluyendo los cayos Media Luna, Sur y Bobel.

El estado hondureño siempre ha sostenido que la frontera marítima es el paralelo 15 y basa su argumentación en la posesión jurídica, geográfica e histórica que desde tiempos de la colonia el país ha ejercido en esa zona.

Una prueba de que Nicaragua respeta esa zona es que recientemente no adjudicó ninguna licitación para la exploración petrolera, como sí lo hizo al sur del paralelo 15.

“Con relación a la demanda presentada por Nicaragua contra Honduras para la delimitación de espacios marítimos en el mar Caribe, la situación actual es de que ese procedimiento a culminado la fase escrita y está pendiente de que la Corte convoque a las partes para fijar las fechas de la celebración de las audiencias públicas”, explicó López Contreras.