En un comunicado de prensa, la Corte detalló que durante su periodo de sesiones abordará casos contra Suriname, Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Venezuela y Honduras.

La Corte verá el caso denominado Moiwana vs. Suriname, en el cual podría dictar sentencia "sobre las excepciones preliminares, el fondo y las eventuales reparaciones y costas", explicó el informe.

El caso se refiere a los hechos presuntamente acaecidos el 29 de noviembre de 1986, cuando "efectivos de las fuerzas armadas (presuntamente del Estado) atacaron la aldea de Moiwana, de la comunidad maroon ndjuka. Hasta el día de hoy nadie ha sido juzgado por los hechos".

La Corte también abordará el caso de la comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay y estudiará la posibilidad de dictar sentencia.

La demanda se refiere a las supuestas violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado como consecuencia de la presunta falta de garantía del derecho de propiedad ancestral de la Comunidad Indígena Yakye Axa y sus miembros.

Otro de los casos que verán los magistrados es el de Fermín Ramírez contra Guatemala, en el cual podría dictar sentencia.

Los hechos expuestos en la demanda se refieren a la supuesta "imposición de la pena de muerte al señor Fermín Ramírez (en marzo de 1998) sin que hubiera tenido oportunidad de ejercer su derecho de defensa", explica el comunicado.

La Corte también verá el caso contra el Estado de Nicaragua presentado por el partido político regional indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (YATAMA). La Corte deliberará y estudiará la posibilidad de dictar sentencia.

La demanda se refiere a los supuestos hechos sucedidos en perjuicio de los candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales presentados por el partido, ya que dichas personas fueron excluidas de participar en las elecciones municipales realizadas en noviembre del 2000.

Otro de los casos que verán los magistrados es el "Acosta Calderón contra Ecuador", en el que estudiará la posibilidad de dictar sentencia.

La demanda se refiere a la presunta violación del debido proceso cometida en perjuicio del señor Acosta Calderón, de nacionalidad colombiana, quien fue arrestado el 15 de noviembre de 1989 por la Policía Militar de Aduanas bajo sospecha de tráfico de drogas.

La Corte también verá el caso Blanco Romero y otros contra Venezuela en sus etapas de fondo y eventuales reparaciones y costas.

La demanda se relaciona con las supuestas detenciones arbitrarias y presuntas desapariciones forzadas de los señores Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, realizadas supuestamente por agentes del Estado.

Otro de los casos es el López Alvarez contra Honduras en las tapas de fondo, cuando la Corte escuchará testimonios, y también analizará eventuales reparaciones y costas.

El caso denuncia la existencia de acciones "arbitrarias e ilegales" destinadas a detener, someter a juicio y privar de la libertad al señor Alfredo López Alvarez, desde el año 1997 hasta el 2003, con base en la acusación de un delito por el que fue absuelto en enero del 2003.