Entre los oficiales sindicados destacan el entonces jefe de la policía preventiva en Marcala, Dennis Zelaya, José Baltasar López y Pedro Pereira. A ellos se sumaba el agente de la policía civil de investigación criminal, José Rodríguez Espinal, conocido como el "agente España".

El oficial Pereira, responsable de la aduana de Pasamonos, es a su vez, el esposo de la fiscal Siomara Benítez, quien a título personal decidió querellar a los periodistas Galeas, Banegas y los policías por considerar que la habían difamado al implicarla en el presunto ilícito, sólo por ser la esposa del uniformado Pereira. Las presuntas calumnias contra Benítez nunca fueron probadas durante el juicio al momento de evacuar las pruebas
testimoniales y magnetofónicas.

Benítez, en su comparencia durante el juicio ante el tribunal en calidad de testigo y no como funcionaria pública, no pudo acreditar que ella efectivamente se excusó de conocer las denuncias hechas por los policías, ya que las pruebas presentadas en el juicio evidenciaron su implicación directa en el caso. Su comportamiento incluso fue cuestionado por algunos de los jueces que no se explicaban como ella seguía activa en un hecho en donde había un conflicto de interés.

El juicio de los comunicadores sociales es el cuarto que se efectúa en menos de dos años por los delitos de difamación constitutivos de calumnia.

También es el primer juicio por difundir en sus espacios denuncias de corrupción y el primero que se registra en el interior del país. También, es el segundo juicio que por estos delitos se absuelve a los periodistas en los últimos dos años. El primero fue el de Renato Álvarez en enero de 2004.

Tras conocer la resolución del Tribunal de Sentencia, el periodista Carlos Galeas, dijo al Comité por la Libre Expresión (C-Libre) que "este día no gané yo, gano la sociedad y la libertad de expresión".

"Aquí ganó la sociedad que exige a la autoridad la rendición de cuentas y la investigación de las denuncias hechas por los policías como resultado de una
investigación seria y exhaustiva. La gente debe estar contenta porque ganó la libertad de expresión", dijo Galeas, mientras era felicitado por numerosas personas que abarrotaron la sala para escuchar la sentencia.

Por su parte, Omar Menjívar, abogado defensor de los querellados, dijo que la sentencia del tribunal era histórica no sólo por el hecho de ratificar el derecho a la información y la libertad de expresión que le asiste a la sociedad, sino porque también hace un fuerte llamado a las instituciones públicas como Ministerio Público y Ministerio de Seguridad para que cese la impunidad de los delitos "y se investigue a fondo los actos de corrupción
aquí denunciados y evidenciados. Esta sentencia es histórica por eso", recalcó Menjívar al C-Libre.