Las
declaraciones de Romero surgen en un momento que el colectivo parlamentario
de la izquierdista Unificación Democrática
(UD) se apresta a presentar una moción para que comparezca
ante el pleno legislativo para exponer la política de seguridad
de la actual administración y explicar el incremento de la
criminalidad.
Sólo
el lunes de esta semana se reportaron diez muertos por hechos de
violencia en diferentes partes del país, entre ellos la ejecución
de cuatro personas en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, en la
que estarían involucrados agentes del comando especial “Cobras”
de la policía Preventiva.
A
este hecho se suma el hallazgo del cadáver de un pandillero
de la mara 18 en la periferia de la ciudad, cuyos ejecutores dejaron
un mensaje al gobierno criticando la
política de diálogo con las pandillas juveniles. Para
los expertos en el tema, esta espiral de violencia es atípica,
tratándose de que es inusual que a principios de semana se
reporten diez muertes en un solo día.
Se
defiende
Frente a esa situación, el ministro del ramo Álvaro
Romero salió el paso de las críticas, aunque admitió
el alto índice de crímenes, diez en menos de 24 horas,
pero justificó que eso no es nuevo y que ha venido ocurriendo
en los últimos meses.
A modo de ejemplo, dijo que diciembre
de 2005 fue el mes más sangriento con un promedio de 360
fallecidos por diferentes hechos de violencia, le siguió
enero de 2006 con 256 decesos y en lo que va de febrero ya se registran
151 ciudadanos fallecidos.
“Eso indica que esta ola no
ha empezado en estos días sino que ha aumentando ese ritmo
y va aumentando progresivamente”, afirmó.
Romero
atribuyó este fenómeno a la creciente ola de deportados
de Estados Unidos, ya que hay muchos de ellos que vienen especialistas
en diferentes tipos de delitos.
Negó
que el gobierno aliente un diálogo con los pandilleros. |
En
relación a los últimos crímenes violentos,
apuntó que ya ha girado las correspondientes instrucciones
para encontrar y llevar a la justicia a los responsables,
especialmente en aquellos casos en donde existen indicios
de la participación de policías. “Vamos
a ser enérgicos y no vamos a tolerar a ningún
miembro de la policía, sea oficial o de cualquier otra
categoría”. |
También
dijo que en menos de 30 días esperan tener resuelto y terminar
con el robo de celulares, hecho delictivo que en los últimos
meses a cobrado la vida de unos 30 inocentes compatriotas que se
negaron a entregarlos a sus asaltantes.
Preguntado
por el ambiente de zozobra que viven los hondureños por los
últimos crímenes relacionados con las pandillas y
el crimen organizado, el funcionario respondió que en materia
de seguridad el 50 por ciento es percepción y justificó
que por la cercanía de la Semana Santa hay un resurgimiento
de la delincuencia.
“El enfoque de la percepción
es fundamental; no ha habido un incremento de la delincuencia en
lo que va de estos días, se ha mantenido y créame
que la mayor parte de muertes, durante este periodo han sido muertes
de tráfico (de drogas) y hay un caso que yo siempre le digo
a los sociólogos que le pongan mucha atención, porque
da indicios de que hay una enfermedad social, casi todos los días
hay uno o dos muertes por suicidios y ese es un dato muy importante
que se debe tomar en cuenta”, arguyó.
Mareros
Respecto al diálogo con los pandilleros, Romero apuntó
que esa no ha sido una política del nuevo gobierno, sino
un acto responsable de escucharlos para buscar una solución
a sus problemas.
“No
ha sido una política del estado ir a un diálogo, ustedes
recuerdan que fueron ellos (los pandilleros) los que se manifestaron
a través de los medios de comunicación y nosotros
lo hemos visto como un acto responsable de escucharlos y de poner
a escucharlos a aquellas personas que los atendieron para encontrar
para ellos una vía de escape a sus problemas”, dijo.
Dijo
que ese proceso de diálogo fueron los pandilleros los que
lo han pedido, pero si ellos ya no lo quieren “nosotros continuamos
con la policía, haciéndose lo que la ley dice”.
Por
su parte, el fiscal general de la República, Leonidas Rosa
Bautista, atribuyó la espiral de violencia a la falta de
coordinación de los operadores de justicia e hizo un llamado
a sus máximas autoridades a unir esfuerzos e integrar un
bloque común para hacer frente a ese flagelo que mantiene
en zozobra a los hondureños. |
