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28
de febrero de 2006
Orfa
Mejía
omejia@proceso.hn
Tegucigalpa
- El Gobierno de Manuel Zelaya se encamina a la "militarización
de la seguridad ciudadana", denunciaron grupos defensores de
los derechos humanos en Honduras.
En un comunicado, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos
de Honduras (COFADEH) dijo que las acciones que contemplan el Plan
General de Seguridad aprobado por el Consejo de Ministros del actual
Gobierno se encamina en tal sentido.
El Plan de Seguridad del actual Gobierno contempla seleccionar y
entrenar a 1.000 efectivos de alta de las Fuerzas Armadas para la
seguridad preventiva y prevenir la delincuencia.
Insta a la formación de 1.000 mesas de ciudadanos por la
seguridad para que aborden y dicten soluciones en materia de seguridad
en los barrios y colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Manda que la secretaría de Defensa, a través de las
Fuerzas Armadas, inicie una campaña de reclutamiento militar
educativo, con la meta de una formación integral de 4.000
jóvenes para el año 2.006.
El COFADEH considera que el traspaso de efectivos militares a la
Policía "supone el debilitamiento de la institución
policial, deslegitima la formación policial, y remilitariza
la Policía".
El
Presidente Manuel Zelaya y el ministro de Seguridad Álvaro
Romero. |
Asimismo
que "debilita la jerarquía en el mando y conlleva
el riesgo de volver a los viejos métodos, ya que en
vez de combatir el crimen se violan los derechos humanos,
cuya protección es fundamental para la consolidación
democrática del país". |
El COFADEH tampoco comparte el anuncio de la formación de
1.000 mesas de "ciudadanos por la seguridad" porque "la
realización de la seguridad es propia de la autoridad policial"
y no de la ciudadanía.
Advierte que los particulares podrían cometer excesos en
acciones que no les corresponden, pudiendo incurrir en la comisión
de delitos.
Resaltan que en todo estado de derecho los responsables de la seguridad
pública son las instituciones que legalmente han recibido
este mandato, lo que contribuye a la legitimización del régimen
democrático.
Reclutamiento improcedente
El COFADEH considera, además, improcedente el mecanismo que
se pretende utilizar para llamar a 4.000 jóvenes a ser parte
de un proceso de formación integral en el marco del Servicio
Militar educativo.
"Nos parece que el llamamiento a filas debe hacerse en el marco
de una ley especial que regule" el Servicio Militar, la cual
actualmente no existe.
Piden a la secretaría de Defensa a iniciar el proceso de
discusión y consenso de dicho reglamento con los distintos
sectores de la sociedad.
Asimismo,
llaman al presidente Zelaya a no retroceder en los logros
alcanzados por otras administraciones liberales que han apostado
a la desmilitarización de la sociedad y el Estado y
a profundizar en el control de las fuerzas de seguridad. |
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Consideran urgente delimitar, sin ambigüedades, las funciones
de las secretarías de Defensa y Seguridad y de las Fuerzas
Armadas y la Policía Nacional en el ámbito de la seguridad
interior y de la seguridad exterior o defensa nacional, sin dejar
de considerar su complementariedad.
"Es necesario avanzar en el diseño, formulación,
ejecución y evaluación de una política de seguridad",
indican.
Policía-militar
Sobre este tema, el diputado del izquierdista Partido Unificación
Democrática (UD), Marvin Ponce, dijo que las medidas establecidas
en el Plan de Seguridad de Zelaya "contradicen los principios
que llevaron a crear la Ley Nacional de Policía, que tenía
como objetivo tener una policía civil, desvinculada del Ejército".
"Es una propuesta que parece buena, sin embargo se está
desmitificando el tema de una Policía Nacional Civil",
advirtió.
El congresista cuestionó el hecho de que en el país
no exista una política de estado en el campo de la seguridad
ciudadana, lo que conlleva a que cada cuatro año los gobiernos
que asumen el poder dicten sus propias medidas en el campo.
Al igual que el COFADEH, Ponce estimó que las políticas
de seguridad del Gobierno de Zelaya llevan a la militarización
de la seguridad ciudadana.
"Es necesario plantear que esta militarización a la
que está siendo sometida la Policía puede ser un hecho
bueno pero parece malo para muchos de los sectores que aspiramos
a una desmilitarización de la sociedad", apuntó.
Ponce dijo que hay estudios internacionales que establecen que la
formación castrense de los militares es incoherente con la
formación policial.
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Refiriéndose a los 250 militares que la semana anterior
pasaron a formar parte de las filas de la Policía Nacional
señaló que "estos muchachos pueden ser
honestos y buena gente, pero vienen con una formación
militar castrense que ha sido incoherente con las políticas
policiales, por los excesos que se pueden dar de la formación
militar con el trato con la sociedad".
Ponce también dijo no dudar en que el Gobierno debe
enfrentar el tema de la inseguridad ciudadana con fuerza y
con energía, "pero hay que hacerlo en forma coherente
de acuerdo como la manda la Constitución". |
Indicó que quienes luchan por la defensa de los derechos
humanos en el país "sentimos que estamos en retroceso,
no solamente en el proceso de desmilitarización de la sociedad,
sino en crear una policía civil que responda a una nueva
forma de atacar el crimen".
Ponce demandó la construcción de políticas
de estado en el campo de la seguridad ciudadana, caso contrario,
advirtió, "cada Gobierno va a hacer lo que quiera y
va a andar dando palos de ciego". |
