El
documento indica que la lucha por la defensa de los derechos humanos
ha "ganando fuerza", pese a los graves abusos cometidos
con total impunidad en muchos países ante la indiferencia
de las autoridades.
La "negación" de los derechos
humanos es la vida diaria para muchas personas en Latinoamérica,
especialmente entre los grupos indígenas, las mujeres y
los niños.
"Sin embargo, la sociedad civil y el movimiento
en favor de los derechos humanos continuaron ganando fuerza e
influencia en sus reclamaciones", en busca de mejores condiciones
de vida y "rendición de cuentas gubernamentales",
dice AI en el documento presentado hoy en Londres.
En general, la organización centra su informe
en "los abusos, la tortura y los malos tratos a detenidos
a manos de la policía", como "prácticas
generalizadas", la violencia contra las mujeres, como problema
con "carácter endémico", y "el alto
índice de delincuencia organizada", como desastre
social.
Para AI, "los miembros de las fuerzas de
seguridad continuaron cometiendo violaciones generalizadas"
de los derechos de la persona "con impunidad".
Agrega que "se recibieron informes procedentes
de toda la región sobre torturas y otros malos tratos,
que a veces tuvieron como resultado muertes bajo custodia, pero
pocas veces los autores fueron castigados".
Muchas cárceles "tenían graves problemas de
superpoblación y carecían de los servicios esenciales.
A menudo, las condiciones constituían trato cruel, inhumano
y degradante", una situación que "dio origen
a varios motines en toda la región" con "decenas
de muertes".
Para Amnistía, "la falta de independencia
e imparcialidad de los sistemas judiciales (...) siguió
siendo un grave motivo de preocupación".
Al referirse a Colombia, AI dice que "fueron
las políticas del Gobierno, en el contexto del prolongado
conflicto, las que amenazaron al Estado de Derecho. Todas las
partes en el conflicto continuaron cometiendo abusos contra los
derechos humanos".
Agrega que la Ley de Justicia y Paz "amenazaba
con garantizar la impunidad a miembros de grupos armados ilegales"
implicados en muchos crímenes.
A juicio de la ONG, "los altos índices
de violencia alcanzados en varios países, especialmente
en áreas urbanas, también amenazaron los derechos
humanos y el Estado de Derecho".
En
"algunas ciudades de Brasil, América Central y el
Caribe había barrios enteros atrapados entre la delincuencia
violenta muchas veces relacionada con la actividad de bandas,
y la respuesta represiva de las fuerzas de seguridad, cuyos métodos
violaban los derechos de comunidades enteras", prosigue.
AI considera que la violencia contra las mujeres "continuó
siendo uno de los desafíos más urgentes de América
en materia de derechos humanos", pero "los gobiernos
de toda la región continuaron haciendo caso omiso de las
disposiciones de los tratados relativos a los derechos" de
la mujer.
Denuncia que "el número de mujeres
y niñas asesinadas en Ciudad Juárez (México)
continuó creciendo y no se hicieron progresos suficientes"
para poner fin a la impunidad de los autores de los secuestros
y asesinatos cometidos en el pasado en esa ciudad y en Chihuahua.
No obstante, "se pudo progresar" en
parte: en México la Justicia "resolvió que
la violación dentro del matrimonio era delito" y en
Guatemala se suspendió una ley que "permitía
a los violadores, en ciertas circunstancias, evitar el procesamiento
si se casaban con sus víctimas".
En cuanto al pasado, Amnistía considera
"un significativo progreso" que el ex dictador chileno
Augusto Pinochet fuera "puesto bajo arresto domiciliario",
tras ser "privado de su inmunidad penal y declarado 'mentalmente
competente' para ser enjuiciado".
También reseña la detención
del ex presidente peruano Alberto Fujimori en Chile, aunque acaba
de ser puesto en libertad vigilada a la espera de que se resuelva
el expediente de extradición a su país, y la anulación
de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en Argentina.
Pero
en muchos países, dice AI, los defensores de los derechos
humanos afrontan serias dificultades y peligros.
| El
informe anual de Amnistía Internacional en cifras |
Así,
"el uso del sistema judicial" con el fin de obstaculizar
su trabajo, "amenazándolos con investigarlos
o detenerlos por cargos infundados, fue un problema grave
en Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras y México". |
