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Tegucigalpa - La diputada de la Unificación
Democrática, Doris Gutiérrez, anunció hoy que
solicitarán a la Cámara Legislativa una investigación
de la licitación,
supuestamente amañada, que el Banco Central de Honduras (BCH)
concedió a tres empresas extranjeras para la emisión
de 330 millones de billetes de diferente denominación.
Se estima que mediante esta licitación el Estado de Honduras
perderá alrededor de 5.2 millones de dólares, es decir,
unos 96 millones, ya que el BCH adjudicó la emisión
de los billetes a un grupo de tres empresas canadienses y francesas
por un monto global de 13 millones de dólares, la oferta
más alta.
La adjudicación se efectuó el 30 de octubre de 2006
en el salón Juan Manuel Gálvez del BCH y posteriormente
fue ratificada mediante resolución 455-12/2006 del 7 de diciembre
del mismo año. En esa misma fecha la secretaría del
BCH libró comunicación de la resolución a cada
uno de los oferentes.
Por este caso la empresa argentina Ciccone Calcográfica S.A,
que en Honduras es representada por la compañía Representaciones
y Distribuciones SAM S de RL de CV, presentó una formal demanda
contra el Estado de Honduras ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
de la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo a la demandante, las autoridades del BCH favorecieron
a las demás oferentes y desestimaron su oferta económica
para la emisión de la citada cantidad de billetes, pese a
que su propuesta significaba un ahorro de más de 96 millones
de lempiras para el Estado hondureño.
A juicio de los afectados, con esta decisión las autoridades
del BCH pasaron por alto la Ley de Contratación del Estado
bajo el argumento que la empresa Ciccone Calcográfica no
presentó varios documentos requeridos en las bases de la
licitación.
Sin
embargo, los representantes legales de la compañía
argentina aseguraron que los documentos requeridos se presentaron
en “legal y debida forma” y más bien denunciaron
que alguna de la documentación que ellos hicieron llegar
se extravió misteriosamente. |
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UD
se une a la denuncia
A la denuncia de los afectados se unió hoy el colectivo parlamentario
de la Unificación Democrática (UD), que a través
de la diputada Doris Gutiérrez, informó que tienen
en su poder la documentación que confirma las presuntas irregularidades
en la adjudicación de la licitación.
“Tenemos
en nuestro poder cinco documentos, en donde encontramos todo el
proceso que se ha seguido en esta licitación y hay pues algunas
inconformidades, en el sentido de que una de las empresas licitó
por una cantidad, mediante la cual el Estado de Honduras podría
ahorrarse 90 millones de lempiras en la impresión de todos
estos billetes”, dijo Gutiérrez.
Según la parlamentaria, al parecer la licitación fue
consignada a los mismos de siempre, es decir, a las mismas compañías
que en el pasado han monopolizado la emisión de la moneda
hondureña. “Tenemos información de que algunas
familias de empresarios hondureños, tienen vinculación
con las empresas a las que ha sido asignadas”, afirmó.
La legisladora indicó que a raíz de las anomalías
detectadas el colectivo de la UD pedirá a la Comisión
de Banca y Seguros del Congreso Nacional que investigue esta situación,
en vista de que también el Estado de Honduras podría
ser demandado por no cumplir con las normativas que rigen este tipo
de licitaciones.
“Entiendo que una de las empresas, incluso, cumplió
con todas las subsanaciones a las cuales fue demandada que lo hiciera;
pero sin embargo pues tampoco fue favorecida”, aseveró.
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Gutiérrez aclaró que el interés de su
denuncia no es beneficiar a ninguna de las empresas que participó
en el proceso ni tampoco tienen una motivación política,
sectaria o económica, sino que el Estado hondureño
pueda ahorrarse esta significativa cantidad de recursos que
pueden servir para atender otras necesidades de la población.
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“Lo
que nos interesa es que la administraciones sean transparentes y
que bueno, si el Estado de Honduras se puede ahorrar 90 millones
de lempiras, que pudiesen ser utilizados en otro tipo de acciones,
de carácter social, educación y en Salud, que es lo
más lógico y lo más correcto”, agregó.
Por otro lado, la diputada confirmó que la semana entrante
arribará a Honduras una comitiva de ejecutivos de la empresa
afectada con el fin de formalizar su denuncia ante los órganos
contralores y fiscalizadores del Estado.
Finalmente, indicó que sería lamentable que el Estado
de Honduras, además, de perder 96 millones de lempiras en
esta licitación, tuviera que pagar una demanda millonaria
por no haber hecho un proceso en legal y debida forma.
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