Tegucigalpa – El Gobierno de Honduras anunció hoy la inmediata “revisión o revocación” de los contratos para la generación de energía eléctrica térmica suscritos con empresas privadas que le proporcionan este servicio.

En una rueda de prensa, el ministro de Defensa, Arístides Mejía, anunció también la revisión del contrato suscrito en años anteriores con la compañía Servicios de Medición Eléctrica de Honduras (SEMEH), encargada de la lectura y facturación del servicio a nivel nacional.

El anuncio se hace una semana después que el presidente Manuel Zelaya asumiera de forma directa la dirección de la ENEE con el fin de rescatar esa institución de la crisis financiera que arrastra desde hace una década.

Los contratos que serán revisados son los firmados con las empresas generadoras de energía térmica ENERSA, Luz y Fuerza SA (Lufusa), ENCE y SEMEH.

Mejía dijo que esta es una decisión que se adopta tras constatar “que existen una serie de irregularidades y falta de controles de parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica”.

Arístides Mejía

Planteó que en las operaciones iniciadas el domingo el Gobierno ha recaudado la cantidad de 130 millones de lempiras “entonces cabe la pregunta si una empresa especializada y con un contrato tan favorable, porque de esa recaudación va a haber que pagarle las cuotas que están asignadas a esa empresa aunque esa empresa no lo haya hecho Si esa empresa que tiene todas las condiciones para cumplir con sus obligaciones no lo ha hecho quiere decir que algo anda mal

Señaló como ejemplo, que mucha de la información financiera no la maneja la ENEE sino que la empresa SEMEH “y esa es una deficiencia de la ENEE , pero es una situación que no puede seguir manteniéndose porque no podemos estar a expensas de que un tercero informe al Estado de cuales son sus ingresos en cuanto a cobros”.

“Es allí donde se dan las grandes discordancias entre el consumo y el cobro de la ENEE ”, añadió.

El próximo lunes decidirán si revocan o no los contratos
El ministro asesor Flores Lanza dijo que las medidas anunciadas hoy por su Gobierno forman parte del plan de acción encabezado por el presidente, Manuel Zelaya, con el propósito de revertir la crítica situación de la ENEE.

Anunció para el lunes 5 de marzo una reunión de emergencia de la junta directiva de la ENEE , en la que se definirá “la modificación o revocatoria de los contratos relativos a la medición eléctrica y la generación térmica”.

Dijo que esta es una decisión que tiene su asidero legal en el deber que tiene el Gobierno de buscar una solución a un gran problema, como lo es la grave crisis financiera de la ENEE.

“Eso es lo que el Gobierno de la República esta tarde está tratando de hacer”, expuso el ministro asesor en materia legal.

“La intención del Gobierno es llegar a un acuerdo directo con las partes contratantes para poder ajustar estos contratos a reglas de mercado y a una situación de eficiencia que permita rescatar la ENEE ”, indicó.

En este marco, explicó que si el Estado comprueba que la empresa SEMEH no ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones contractuales, “esto daría lugar a que el Estado pueda resolver por rescindir los contratos”.

Explicó que la ley establece varios caminos para poder revisar un contrato “y la primera será si la misma empresa SEMEH en virtud del peso de las pruebas, en virtud de las circunstancias que todo el pueblo hondureño y ahora el Gobierno está constatando afrenta de manera voluntaria modificar o reformar el contrato en virtud del cual han venido operando para contribuir de esta manera a rescatar la empresa de energía eléctrica”.

Enrique Flores Lanza

Dijo que “el segundo paso es que los mismos contratos establecen que cuando una de las partes incumple sus obligaciones contractuales, esto da derecho a la otra a resolver o rescindir el contrato, o sea que si está demostrado que la empresa SEMEH no ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones contractuales esto daría lugar a que el Estado pueda rescindir los contratos”.

La tercera opción, añadió, “es cuando los contratos se declaran lesivos a los intereses públicos”, lo que le compete resolver al Congreso Nacional.