El anuncio lo hizo durante la entrega
de los restos a sus familiares, del hondureño Juan Humberto
Sánchez, desaparecido y asesinado por miembros del Ejército
hondureño en 1992.
Rosa dijo que la responsabilidad del Estado en los casos de desapariciones
forzadas “es imprescriptible” y que buscan los medios
nacional e internacionalmente para cumplir con la sentencia de
la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH), en este caso.
Recordó que en días resientes firmó con el
Gobierno de Argentina una carta de entendimiento de cooperación
en derechos humanos, y que en el marco de ese acuerdo vino al
país un equipo de antropólogas forenses para planificar
los procesos de búsqueda e identificación.
Dijo que el Ministerio Público también trabaja en
la construcción de la base de datos de víctimas
de desapariciones en el país, para lo que han solicitado
asistencia técnica en países con similares experiencias.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
en el caso de Sánchez, obliga al Estado de Honduras a aceptar
su responsabilidad en los hechos, pedir perdón a los familiares
y entregar los restos a sus familiares para su sepultura en un
lugar de su elección.
Le obliga también a implementar un registro nacional de
detenidos, para evitar que casos como este se vuelvan a repetir,
y a concluir las investigaciones de este caso para enjuiciar a
los actores intelectuales y materiales del asesinato.
La coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos
en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, dijo a Proceso Digital que
es de suma importancia que el Estado proceda a conformar el registro
de víctimas de desapariciones “que nos llevará
a ilustrar todas las detenciones arbitrarias que se cometieron
en el pasado y las actuales, y así poder ir detectando
que agentes del Estado participaron en ellas”.
También urgió el castigo de los actores intelectuales
y materiales del asesinato de Sánchez.
“Eso es un reto para la Corte Suprema y el Ministerio Público,
porque en esa sentencia están con nombre y apellido las
personas intelectuales y materiales del hecho. No se que se espera
para empezar a deducir responsabilidades”, señaló.
“Sabemos que el rompimiento de la impunidad no es tan fácil,
pero debemos hacerlo, hay que perseguir a los responsables anden
vestidos de trajes de casimir o se escondan detrás de las
piedras, hay que perseguirlos”, agregó..
Oliva dijo que “no hay justificación alguna para
cometer estos crímenes de lesa humanidad, dividir a la
sociedad y fortalecer la impunidad, por tanto exhorto al Estado
que empiece a actuar, tenemos seis casos de desaparecidos, plenamente
identificación, en los que el Estado no puede alegar, no
puede decir que no tiene plena prueba del delito”.
