Entre los detenidos estuvieron cuatro sacerdotes de la zona occidental del país, pero recuperaron su libertad poco después, según la Policía Nacional y organizadores de las protestas, apoyadas por la iglesia católica, en particular la diócesis de Copán (oeste).

La toma de carreteras, en seis tramos del occidente y oriente del país, inició hacia las 06.00 hora local (12.00 GMT) y unas ocho horas después ya el tráfico se había normalizado, confirmaron portavoces de la Policía.

El jefe de la Policía en el departamento occidental de Santa Bárbara, Silvio Inestroza, dijo a la prensa que en el desalojo ejecutado en esa zona resultaron heridos cuatro policías y ocho manifestantes, mientras que 59 de éstos fueron detenidos.

Inestroza confirmó la detención temporal de los sacerdotes, a quienes "se dejó en libertad porque no había méritos contra ellos".

Según fuentes policiales y de los organizadores, los sacerdotes son Reginaldo García, de Santa Rosa de Copán; Mario Francis Amaya, de San Juan (Intibucá); Marco Aurelio Lorenzo, de Macuelizo (Santa Bárbara) y Sandro Aguilar, cuya parroquia no se precisó.

Luis Alfonso Santos, obispo de la diócesis de Copán, a la que pertenecen los curas mencionados, es uno de los principales líderes del movimiento que aboga por una nueva ley de minería que evite los "abusos" de las empresas mineras en Honduras.

Inestroza dijo que a varios manifestantes se les decomisaron "armas de fuego y machetes", que utilizaron ante la acción policial, al igual que palos y piedras.

La Alianza Cívica por la Democracia, que coordinó las protestas, y organizaciones indígenas y de derechos humanos condenaron "la represión de la Policía" contra las "acciones pacíficas" de los manifestantes, según dijeron varios dirigentes a los periodistas.

Mientras tanto, en Tegucigalpa, autoridades y representantes de la Alianza alcanzaron un acuerdo para que el Congreso Nacional apruebe una nueva ley de minería, cuyo proyecto fue consensuado hace varios meses, y no reformas a la legislación vigente.

Los diputados discuten desde hace varias semanas las reformas, que según la Alianza Cívica por la Democracia, el izquierdista partido Unificación Democrática y otras organizaciones sólo beneficiarían a las compañías mineras.

En la reunión participaron el presidente del Parlamento, Roberto Micheletti; la ministra de Recursos Naturales y Ambiente, Mayra Mejía; la comisión legislativa de Minería y representantes de la Alianza.

A pesar del acuerdo, otro grupo de manifestantes se apostó frente al Congreso Nacional para demandar la pronta aprobación de la nueva ley de minería.