Por
Dagoberto Rodríguez
drodriguez@procesodigital.hn
Proceso Digital
Tegucigalpa
- Mientras la violencia y los asaltos vinculados a la actividad
de las pandillas campean a lo largo y ancho del país, el
gobierno se da el lujo de congelar los fondos y de paso desarticular
el único programa existente para la prevención,
rehabilitación y reinserción de jóvenes infractores
e integrantes de maras.
Esa
situación contradice las promesas del presidente Manuel
Zelaya, quien durante su campaña electoral se opuso a la
política de represión contra los miembros de las
pandillas juveniles aplicada por la administración de Ricardo
Maduro, y en cambio, prometió programas de rehabilitación
y reinserción social a esos grupos.
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Pero
a casi cinco meses de la administración liberal,
ninguna de esas ofertas electorales se ha cumplido, mientras
los hondureños ven con profunda preocupación
y pavor como la actividad de las pandillas se ha reactivado
en ciudades y comunidades en donde ese flagelo se creía
controlado.
Lo
preocupante es que la policía aún no logra
articular una política definida para enfrentar
este problema y, lo que es aún más grave,
es que el Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación
y Reinserción Social de Personas Vinculadas a Pandillas
(PNP), está a punto de cerrar por la inoperancia
gubernamental.
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La
cifra de pandilleros que operan en el país es imprecisa.
Algunos organismos y la policía hablan de 60,000, pero
otras instituciones como el Movimiento Juvenil Cristiano, que
trabaja en ese campo, estima que el número se acerca a
los 100,000, incluyendo a simpatizantes, familiares y ex mareros.
De
acuerdo a investigaciones, el 77 por ciento de los miembros de
las pandillas se asoció a ellas antes de los 15 años
y el 97.8 por ciento del total de mareros se encuentra entre los
12 y los 25 años de edad, lo que denota que se trata de
un fenómeno, cuyos principales protagonistas son niños,
adolescentes y jóvenes.
