El
Programa Nacional de Provención, (PNP), fue creado mediante
decreto número 141-2001, aprobado durante la administración
liberal de Carlos Roberto Flores y en la gestión legislativa
de Rafael Pineda Ponce, con el fin de hacer frente a la creciente
violencia que, a la sazón, generaban los integrantes de
las pandillas.
Sin
embargo, por motivos desconocidos el proyecto durmió el
sueño de los justos, durante los primeros tres años
de la administración madurista, y fue hasta abril de 2005
que se decidió ponerlo en marcha, asignándole un
limitado presupuesto de 6.7 millones de lempiras.
Con
esos recursos, el programa logró operar medianamente
hasta diciembre de 2005, apoyando a algunas instituciones
y organizaciones no gubernamentales que trabajan en la rehabilitación
y reinserción de niños y jóvenes pandilleros,
y también puso en marcha una unidad especial para
borrar tatuajes a muchachos en proceso de recuperación.
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No
obstante, con la llegada del nuevo gobierno, el PNP recibió
su “tiro de gracia” y entró en una etapa de
declive, en vista que se le congeló la asignación
presupuestaria para ejecutar sus actividades, lo que dio lugar
al despido del personal operativo y el consiguiente cierre de
varias unidades de apoyo.
Fuentes
cercanas al proyecto, informaron a Proceso Digital
que la falta de recursos económicos obligó a los
directivos a cancelar los contratos a los sociólogos, periodistas
y psicólogos, entre ellos un cubano, que trabajaban con
los padres de familia, estudiantes y ex mareros regenerados.
A
estos profesionales se les adeudan más de cuatro meses
de salario y por lo que se informó no hay posibilidades
que se les cancelen los servicios prestados, en vista que en Casa
Presidencial se niegan a desembolsar los fondos que se requieren
para que el programa continúe con vida.
Estas
mismas fuentes, aseguraron que el propósito de los funcionarios
del Poder Ejecutivo es ahogar financieramente el proyecto y por
consiguiente obligar al personal, que fue contratado en la administración
anterior, a renunciar a sus cargos para no pagarles sus derechos
laborales.
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En
la actualidad, el PNP es dirigido por Guillermo Jiménez
Mayen, un reconocido profesional de la psicología
y sociología, pero se informó que en sustitución
de éste ya fue nombrado Héctor Borjas Mazis,
hermano del actual viceministro de Finanzas, José
Antonio Borjas.
Borjas
Mazis fue uno de los que dirigió el levantamiento
de activistas liberales que buscaban una oportunidad de
empleo en la administración Zelaya y, según
se informó, desconoce el tema de prevención
y rehabilitación, lo que preocupa a las organizaciones
que trabajan de cerca con el proyecto.
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Lo
que más inquieta, es que con la llegada de Borjas Mazis
el PNP sea politizado y con ello se ponga en riesgo a los más
de 80 ex pandilleros que han recibido atención en la unidad
“Borrón y Vida Nueva” que se encarga de eliminar
los tatuajes de sus cuerpos, y de otros 80 jóvenes que
se encuentran en el mismo proceso, se informó.
