Las empresas transnacionales han dejado latente que cualquier medida del gobierno, ya sea excluirlas del proceso de importación, transporte y venta de combustibles es violatorio del apartado del CAFTA referente a acceso a mercados, mientras que la utilización de sus terminales sin su consentimiento equivale a una expropiación, lo que les daría opción a demandar a Honduras en Estados Unidos.

El presidente Zelaya, conocedor de la situación, se cuidó en su declaración a la prensa de indicar que la intervención de las terminales no equivale ni a una “expropiación”, ni a una “nacionalización”.

En todo caso, varios ministros advirtieron que, además, de la intervención de las terminales, el gobierno puede colocar sus propios empleados en las terminales en caso que las transnacionales abandonen las mismas.

Zelaya considera que sus acciones están blindadas jurídicamente y que Honduras no sufrirá revés alguno, ya que confía en dos asesores jurídicos que tiene a su lado y que le afirman que no se viola ni el CAFTA, ni el Tratado de Inversiones, opiniones no compartidas por el equipo legal de las transnacionales.

El peligro para la economía hondureña es que las empresas transnacionales abandonen la actividad y se produzca a futuro un desabastecimiento, ya que se contaría con un solo suministrador de carburantes (Conoco) y un único almacenador y despachador, que sería el gobierno, eliminando la competencia y diversidad de actores en este vital sector.

No obstante, el consultor de las transnacionales, Mario Del Cid, descartó que por ahora las transnacionales esté considerando abandonar el país. No obstante, lamentó que el gobierno esté mandando un mal mensaje a la inversión con las medidas adoptadas el fin de semana.