• Medida fue tomada dos días después del regreso del presidente Zelaya de Nicaragua, donde acudió a la toma de posesión de Daniel Ortega
• Las medidas confirman que el proceso de licitación había fracasado, ya que no tenían donde almacenar los carburantes que comprarán a la ganadora Conoco-Phillips
• Se espera reacción de las transnacionales afectadas por la medida
• Cambio de reglas alejaría la inversión extranjera a casi un año de la vigencia del CAFTA.

Tegucigalpa - La decisión del gobierno de Manuel Zelaya de intervenir las terminales de depósito de gasolinas fue la confirmación del fracaso de su estrategia en el proceso de licitación de combustibles que viene impulsando desde el año pasado, tal como lo reconoce cuando dice que es con el fin de continuar con el mecanismo, cuya primera fase se concretó el año pasado con la oferta seleccionada de la transnacional estadounidense Conoco-Phillips. La falta de un entendimiento con el presidente de Dippsa, Henry Arévalo, tras varios meses de negociar y a falta de dos días para que el mismo empresario entregara una respuesta a la oferta que había hecho el mismo gobierno, demuestra que los funcionarios gubernamentales nunca estuvieron optimistas sobre el tema.

Asimismo, falta ver como reacciona la transnacional Texaco, la otra gran distribuidora que tiene terminales de depósito en Puerto Cortés y que nunca ofreció, ni negoció con el gobierno el alquiler de sus tanques.

Y es que el gobierno ha jugado a lo que salga en este proceso, ya que desde el inició conocía que además de licitar la compra de combustibles, se requiere de terminales para su almacenamiento, además del transporte y venta al detalle en las gasolineras, proceso que manejan verticalmente las empresas distribuidoras, pero sólo pudo completar la primera fase, pero no podía salvar el escollo del almacenamiento.

A excepción de Dippsa, que jugaba un doble papel, primero en impugnar legalmente el proceso de licitación y conocer las ofertas de todos los proponentes, en especial del ganador Conoco-Phillips, a través de la matriz Trafigura, y en segundo negociar con el gobierno el alquiler de las terminales que posee en Tela (Petrotela) y en San Lorenzo, Valle (Petrosur), las demás transnacionales optaron por ignorar el proceso y forzar al gobierno a que tomará las medidas extremas.

De todos es conocido que las transnacionales se sienten protegidas por los convenios del tratado de libre comercio con Estados Unidos (CAFTA) y el acuerdo mutuo de Protección y Promoción de las Inversiones que suscribieron Honduras y el gobierno estadounidense.