Donde
más se dejó sentir el júbilo fue en las provincias
chiíes del sur de Irak, entre ellas Kut, Diwaniya, Basora
y Amara. Allí miles de ciudadanos salieron a las calles
para celebrar la ejecución del ex presidente.
Sin
embargo, funerales simbólicos tuvieron lugar en Tikrit
y Al Dur, provincia de Salah El Din, al norte de Bagdad, y de
mayoría suní, donde viven muchos seguidores de Sadam.
Horas
después de la ejecución del dictador suní,
se produjeron los primeros atentados en el país, que dejaron
74 muertos en Bagdad y Kufa.
A
pesar de ello, para el presidente de Estados Unidos, George Bush,
lo ocurrido hoy en Irak es "un testimonio de la resolución
del pueblo iraquí de avanzar tras décadas de opresión".
En
un comunicado difundido por la Casa Blanca, Bush aseguró
que el dictador tuvo "un juicio justo".
La
muerte de Sadam ha proporcionado satisfacción a Irán,
Irak y Kuwait, afirmó el portavoz del Ministerio iraní
de Exteriores, Mohamad Ali Hoseini.
También
fuentes del Ministerio de Exteriores iraní, Hamid Reza
Asefi, se congratularon mientras dijeron que "la ejecución
de Sadam supone una victoria para el pueblo de Irak".
Desde
Israel, el viceprimer ministro, Simon Peres, recordó los
daños que Sadam causó a su propio pueblo y la amenaza
que fue para este país, sin embargo el viceministro de
Defensa, Efraim Sne, insistió en que "Irak podría
convertirse en un generador de terror para toda la región".
La
Unión Europea (UE) recordó en un comunicado que
"no hay dudas" de que Sadam Husein era culpable de graves
violaciones de los derechos humanos y crímenes contra la
Humanidad, "pero eso no justifica la aceptación de
la pena capital".
En
contra de tal pena se manifestó la canciller alemana, Angela
Merkel, aunque precisó que respeta la sentencia.
El
ex presidente del Gobierno italiano Silvio Berlusconi manifestó
que tal acto puede causar "venganzas, violencia y el esparcimiento
de sangre entre chiíes y suníes, en un país
al borde de una guerra civil".
En
el mismo sentido se pronunció el Ministerio de Asuntos
Exteriores ruso que lamentó la ejecución y advirtió
que ésta "puede conducir al agravamiento de la situación
político-militar y de las tensiones confesionales en Irak.
El
Ministerio de Exteriores egipcio mostró su pesar por la
ejecución del depuesto presidente iraquí Sadam Husein
y por el hecho de que coincidiera con la festividad musulmana
del sacrifico (Aid al Adha), considerada "una ocasión
para el perdón y la tolerancia".
De
igual manera se expresó la agencia oficial de Arabia Saudí
SPA, que manifestó que "millones de musulmanes esperaban
que el mundo tratara con respeto a los líderes políticos
de los países musulmanes coincidiendo con esta gran ocasión
(fiesta del Sacrificio) en lugar de humillarles".
Desde
Jordania, y a la espera de una reacción del gobierno, la
oposición islámica, representada por Zaki Bani Ershaid,
condenó la ejecución de Sadam Husein el primer día
de la fiesta del Sacrificio.
En
Túnez, el Partido Democrático, en la oposición,
consideró "un insulto" la decisión del
gobierno iraquí de ahorcar a Sadam Husein el día
del Aid al Adha, una de las fiestas más sagradas de los
musulmanes.
"Sadam
va a ser considerado un mártir por los árabes y
su ejecución este día no tiene la menor justificación,
por mucho que lo defiendan unas autoridades puestas bajo la tutela
de las fuerzas de ocupación", señaló
esta formación.
La
Liga Árabe, a través del portavoz del secretario
general de la organización panárabe, Alaa Roshdi,
citada por la agencia egipcia MENA, expresó su esperanza
en mantener la unidad y los esfuerzos de reconciliación
entre las partes iraquíes para sacar al país de
la actual crisis.
El
Movimiento de la Resistencia Islámica, Hamás, que
gobierna la Autoridad Nacional Palestina (ANP), habló de
"asesinato político". "Sadam Husein era
"un prisionero de guerra y con su ahorcamiento se ha violado
el derecho internacional", dijo un portavoz de esta organización.
Para
el grupo de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch
(HRW), la ejecución se efectuó "tras un juicio
con profundas fallas y se aleja del imperio de la ley".
Según
HRW, "la prueba del compromiso de un gobierno con los derechos
humanos se mide por la forma en que trata a los peores infractores".
