El acto, que se celebró hoy en Casa Presidencial, fue encabezado
por el presidente, Manuel Zelaya, los miembros de su Gabinete
de Gobierno, y la dirigencia nacional y departamental de los seis
colegios magisteriales de primaria y secundaria.
Zelaya invitó a su madre, Hortencia Zelaya, una maestra
jubilada, a participar en el acto.
La firma del acuerdo garantiza que el próximo lunes, los
docentes que se declararon en huelga indefinida desde el 1 de
agosto, retornarán a las aulas de clase en todo el país
para atender a por lo menos dos millones de estudiantes.
Durante el conflicto, miles de maestros se congregaron en Tegucigalpa
para presionar al Gobierno por el cumplimiento del Estatuto del
Docente, y la aplicación de sus cláusulas salariales.
La crisis se agudizó el miércoles anterior cuando
miles de docentes que procedían de distintos puntos del
país se enfrentaron con policías y militares en
Tegucigalpa.
El presidente Zelaya informó el jueves de un acuerdo preliminar,
lo que favoreció el retorno, el viernes, de los maestros
a sus lugares de origen.
Según el acta firmada hoy, el cumplimiento del Estatuto
del Docente en sus cláusulas financieras le representará
al país un gasto de 7.212 millones de lempiras (unos 381,5
millones de dólares), en el periodo 2007-2010.
La ministra de Finanzas, Rebeca Santos, dijo que los recursos
saldrán de fondos propios del Estado y la cooperación
internacional y aseguró que no será afectado el
ejercicio fiscal del Gobierno.
El acuerdo incluye la creación de un Programa de Ajuste
Social de la Educación, que requerirá el compromiso
de los docentes, acompañados por la sociedad hondureña,
para alcanzar las metas del milenio y las metas de educación
establecidas en la Estrategia de Reducción de la Pobreza.
Entre otros puntos, establece la elaboración de un manual
de puestos y salarios que deberá entrar en vigor en 2007,
y la aplicación del sistema nacional de la calidad educativa.
Los maestros se comprometen también a apoyar el año
próximo un programa masivo de alfabetización, como
una contribución cívica, sin que ello implique un
incremento salarial.
Zelaya dijo que el acta "representa un acuerdo de un aumento
salarial, pero especialmente de un programa de ajuste social a
la educación hondureña".
Consideró que el acuerdo "significa también
un proceso de gobernabilidad, de paz social en el país,
y se establece dentro de un consenso de las políticas macroeconómicas
del país para mantener la disciplina y sostenibilidad fiscal".
Para el ministro de Gobernación y Justicia, Jorge Arturo
Reina, calificó el acuerdo de un éxito, pues se
logró "una solución correcta, de largo plazo
y de beneficio para Honduras".
